(PRENSA) ARTICULO DE OPINION

"Cotizar mas y cobrar menos"

Con la comisión del Pacto de Toledo en efervescencia, es la hora de analizar la reforma del Gobi

Con los argumentos de que el actual sistema de la Seguridad Social será insostenible dentro de 15 años porque sus ingresos descienden y se retrasan (por el paro y la incorporación tardía de los jóvenes al mercado de trabajo) y, por el contrario, paga más pensiones y durante más años (aumenta la esperanza de vida), el Gobierno planteó hace unos meses la necesidad de acometer una profunda reforma de las pensiones. Unos cambios que le han sido reiteradamente reclamados desde hace tiempo por distintos organismos internacionales y nacionales.

Sin embargo, son muchos los que critican las propuestas del Gobierno y, más aún, quienes piensan que el verdadero objetivo de la reforma es reducir el gasto en pensiones «rascando» los reducidos bolsillos de los jubilados. De hecho, los cálculos que ha hecho el Ministerio de Economía apuntan que retrasar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años supondría un recorte de 2 puntos del PIB (20.000 millones de euros) en el gasto en pensiones en 2030. En la práctica supone un doble beneficio para la Seguridad Social, ya que los trabajadores cotizarán dos años más y el sistema se ahorra dos años de pensiones. En este punto cabe recordar que la Seguridad Social desembolsa mensualmente en pensiones más de 6.500 millones de euros.

El sindicato USO estima que esa ampliación supondría un recorte medio de la pensión de un 6% y un ahorro para la Seguridad Social de 4.000 millones de euros al año. De todas formas, el grupo socialista estaría dispuesto a sustituir esta propuesta por otras alternativas dado el rechazo generalizado del resto de los partidos representados en el Pacto de Toledo. Los grupos de la oposición admiten que habría que retrasar la edad de jubilación, pero siempre de forma voluntaria e incentivada.

USO denuncia que exigir 20 años para acceder a una pensión «dejaría sin derecho a más de 2 millones de personas, sobre todo trabajadores con contratos a tiempo parcial, mujeres y colectivos de tardía incorporación al mercado de trabajo». Eso representa el 25% de los actuales 8,5 millones de pensionistas.

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"Cotizar mas y cobrar menos"

Con la comisión del Pacto de Toledo en efervescencia, es la hora de analizar la reforma del Gobi

Con los argumentos de que el actual sistema de la Seguridad Social será insostenible dentro de 15 años porque sus ingresos descienden y se retrasan (por el paro y la incorporación tardía de los jóvenes al mercado de trabajo) y, por el contrario, paga más pensiones y durante más años (aumenta la esperanza de vida), el Gobierno planteó hace unos meses la necesidad de acometer una profunda reforma de las pensiones. Unos cambios que le han sido reiteradamente reclamados desde hace tiempo por distintos organismos internacionales y nacionales.

Sin embargo, son muchos los que critican las propuestas del Gobierno y, más aún, quienes piensan que el verdadero objetivo de la reforma es reducir el gasto en pensiones «rascando» los reducidos bolsillos de los jubilados. De hecho, los cálculos que ha hecho el Ministerio de Economía apuntan que retrasar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años supondría un recorte de 2 puntos del PIB (20.000 millones de euros) en el gasto en pensiones en 2030. En la práctica supone un doble beneficio para la Seguridad Social, ya que los trabajadores cotizarán dos años más y el sistema se ahorra dos años de pensiones. En este punto cabe recordar que la Seguridad Social desembolsa mensualmente en pensiones más de 6.500 millones de euros.

El sindicato USO estima que esa ampliación supondría un recorte medio de la pensión de un 6% y un ahorro para la Seguridad Social de 4.000 millones de euros al año. De todas formas, el grupo socialista estaría dispuesto a sustituir esta propuesta por otras alternativas dado el rechazo generalizado del resto de los partidos representados en el Pacto de Toledo. Los grupos de la oposición admiten que habría que retrasar la edad de jubilación, pero siempre de forma voluntaria e incentivada.

USO denuncia que exigir 20 años para acceder a una pensión «dejaría sin derecho a más de 2 millones de personas, sobre todo trabajadores con contratos a tiempo parcial, mujeres y colectivos de tardía incorporación al mercado de trabajo». Eso representa el 25% de los actuales 8,5 millones de pensionistas.

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"Cotizar mas y cobrar menos"

Con la comisión del Pacto de Toledo en efervescencia, es la hora de analizar la reforma del Gobi

Con los argumentos de que el actual sistema de la Seguridad Social será insostenible dentro de 15 años porque sus ingresos descienden y se retrasan (por el paro y la incorporación tardía de los jóvenes al mercado de trabajo) y, por el contrario, paga más pensiones y durante más años (aumenta la esperanza de vida), el Gobierno planteó hace unos meses la necesidad de acometer una profunda reforma de las pensiones. Unos cambios que le han sido reiteradamente reclamados desde hace tiempo por distintos organismos internacionales y nacionales.

Sin embargo, son muchos los que critican las propuestas del Gobierno y, más aún, quienes piensan que el verdadero objetivo de la reforma es reducir el gasto en pensiones «rascando» los reducidos bolsillos de los jubilados. De hecho, los cálculos que ha hecho el Ministerio de Economía apuntan que retrasar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años supondría un recorte de 2 puntos del PIB (20.000 millones de euros) en el gasto en pensiones en 2030. En la práctica supone un doble beneficio para la Seguridad Social, ya que los trabajadores cotizarán dos años más y el sistema se ahorra dos años de pensiones. En este punto cabe recordar que la Seguridad Social desembolsa mensualmente en pensiones más de 6.500 millones de euros.

El sindicato USO estima que esa ampliación supondría un recorte medio de la pensión de un 6% y un ahorro para la Seguridad Social de 4.000 millones de euros al año. De todas formas, el grupo socialista estaría dispuesto a sustituir esta propuesta por otras alternativas dado el rechazo generalizado del resto de los partidos representados en el Pacto de Toledo. Los grupos de la oposición admiten que habría que retrasar la edad de jubilación, pero siempre de forma voluntaria e incentivada.

USO denuncia que exigir 20 años para acceder a una pensión «dejaría sin derecho a más de 2 millones de personas, sobre todo trabajadores con contratos a tiempo parcial, mujeres y colectivos de tardía incorporación al mercado de trabajo». Eso representa el 25% de los actuales 8,5 millones de pensionistas.

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Pocos empleados publicos para un estado de bienestar

 Dos millones y medio de personas trabajan en España en el sector público, una cifra muy baja en comparación con los países nórdicos. Los expertos desmontan el mito del funcionario vago

En junio de 2008, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó congelar el sueldo de los altos cargos del Ejecutivo. Una medida enmarcada en el política de austeridad cuando aún no se llamaba a la crisis económica por su nombre. Dos años después, el recorte llegará a los empleados públicos. A partir de junio, la mayoría de los trabajadores de la Administración verán recortado en un 5% de media su sueldo, que en 2011 quedará congelado, según anunció Zapatero en el Congreso.

    Esta medida para paliar la crisis y recortar el déficit de España ha encendido los ánimos de este colectivo, formado por 2,6 millones de personas, según el Registro Central de Personal, o por tres millones con los datos de la Encuesta de Población Activa.

    Los funcionarios despiertan recelo social por el carácter estable de sus puestos de trabajo y por la percepción que se tiene de su labor. Muchos ciudadanos los asocian a hombres y mujeres detrás de una ventanilla sin más oficio que repetir "vuelva usted mañana", como describió Mariano José de Larra en uno de sus artículos más populares. Sin embargo, estos trabajadores se encargan de atender los servicios públicos. Casi un 60% trabaja en Educación, Sanidad, Justicia, Defensa y Seguridad, repartidos entre la Administración pública estatal, autonómica y local, informa Pedro González.

    Los empleados públicos representaban el 9,5% de la población española potencialmente activa en 2009, según recoge el estudio de Vinceç Navarro El empleo público en España no es excesivo, a partir de los datos de la Organización Internacional del Trabajo. Una cifra muy alejada de la de otros países más avanzados y referentes en el modelo escandinavo del bienestar, como Dinamarca, con un 25,7%, o Suecia, con un 21,1%.

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Pocos empleados publicos para un estado de bienestar

 Dos millones y medio de personas trabajan en España en el sector público, una cifra muy baja en comparación con los países nórdicos. Los expertos desmontan el mito del funcionario vago

En junio de 2008, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó congelar el sueldo de los altos cargos del Ejecutivo. Una medida enmarcada en el política de austeridad cuando aún no se llamaba a la crisis económica por su nombre. Dos años después, el recorte llegará a los empleados públicos. A partir de junio, la mayoría de los trabajadores de la Administración verán recortado en un 5% de media su sueldo, que en 2011 quedará congelado, según anunció Zapatero en el Congreso.

    Esta medida para paliar la crisis y recortar el déficit de España ha encendido los ánimos de este colectivo, formado por 2,6 millones de personas, según el Registro Central de Personal, o por tres millones con los datos de la Encuesta de Población Activa.

    Los funcionarios despiertan recelo social por el carácter estable de sus puestos de trabajo y por la percepción que se tiene de su labor. Muchos ciudadanos los asocian a hombres y mujeres detrás de una ventanilla sin más oficio que repetir "vuelva usted mañana", como describió Mariano José de Larra en uno de sus artículos más populares. Sin embargo, estos trabajadores se encargan de atender los servicios públicos. Casi un 60% trabaja en Educación, Sanidad, Justicia, Defensa y Seguridad, repartidos entre la Administración pública estatal, autonómica y local, informa Pedro González.

    Los empleados públicos representaban el 9,5% de la población española potencialmente activa en 2009, según recoge el estudio de Vinceç Navarro El empleo público en España no es excesivo, a partir de los datos de la Organización Internacional del Trabajo. Una cifra muy alejada de la de otros países más avanzados y referentes en el modelo escandinavo del bienestar, como Dinamarca, con un 25,7%, o Suecia, con un 21,1%.

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    Esta medida para paliar la crisis y recortar el déficit de España ha encendido los ánimos de este colectivo, formado por 2,6 millones de personas, según el Registro Central de Personal, o por tres millones con los datos de la Encuesta de Población Activa.

    Los funcionarios despiertan recelo social por el carácter estable de sus puestos de trabajo y por la percepción que se tiene de su labor. Muchos ciudadanos los asocian a hombres y mujeres detrás de una ventanilla sin más oficio que repetir "vuelva usted mañana", como describió Mariano José de Larra en uno de sus artículos más populares. Sin embargo, estos trabajadores se encargan de atender los servicios públicos. Casi un 60% trabaja en Educación, Sanidad, Justicia, Defensa y Seguridad, repartidos entre la Administración pública estatal, autonómica y local, informa Pedro González.

    Los empleados públicos representaban el 9,5% de la población española potencialmente activa en 2009, según recoge el estudio de Vinceç Navarro El empleo público en España no es excesivo, a partir de los datos de la Organización Internacional del Trabajo. Una cifra muy alejada de la de otros países más avanzados y referentes en el modelo escandinavo del bienestar, como Dinamarca, con un 25,7%, o Suecia, con un 21,1%.

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