18 de diciembre de 2009
El sindicato se suma en este día a la Campaña Global del 20º aniversario de la Convención de los Derechos del Migrante, que se propone desde la Confederación Sindical Internacional (CSI), y señala las deficiencias que la Reforma de la Ley de Extranjería va a provocar sobre los trabajadores migrantes en forma de pérdida de derechos.
La campaña de la CSI busca llevar a las calles y a diferentes parlamentos una solicitud para que los gobiernos ratifiquen la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias. Dicha Convención, que aún no ha sido ratificada por el Gobierno Español, proporciona los estándares legales requeridos por las leyes nacionales reconociendo la vulnerabilidad de los migrantes, y promoviendo la existencia de condiciones de vida y de trabajo dignos y legales para esta población.
Esta campaña ha sido lanzada por el International Steering Committee for the Campaing Ratification of Migrant Rights Convention, una red única de agencias de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y mundiales de la sociedad civil.
Una Ley de Extranjería restrictiva.
El pasado 11 de diciembre fue publicada en el BOE la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
En este sentido, desde la Unión Sindical Obrera (USO) manifestamos que, si bien la nueva ley establece elementos positivos fruto de distintas sentencias del Tribunal Constitucional, reconociendo el derecho de los y las trabajadores migrantes al ejercicio del derecho a la huelga y su derecho a la sindicación, con esta nueva ley, que no ha nacido resultado del consenso, se ha producido fundamentalmente un retroceso en derechos, introduciendo una visión utilitarista de la mano de obra inmigrante en relación a las necesidades del mercado de trabajo.
Se ha perdido en este sentido una oportunidad para abordar la realidad de la inmigración en nuestro país de forma estructural y no coyuntural, en positivo y buscando una verdadera integración. Retroceso en derechos fundamentales, con la ampliación del tiempo de detención en los Centros de Internamiento para Extranjeros en un cincuenta por ciento, de 40 a 60 días; tiempo superior al permitido para las extradiciones penales en los tratados internacionales.
Retroceso en derechos sociales para los y las trabajadores inmigrantes, negando derechos básicos como la salud y la educación, al impedir que los inmigrantes en situación irregular puedan empadronarse en los municipios, perdiendo de ese modo el derecho a la educación básica y el acceso a la salud para ellos y sus familias, lo que se suma a una exclusión de los servicios y ayudas sociales. Estas circunstancias producirán un claro aumento de la precariedad, desprotección y vulnerabilidad de las personas migrantes con menores recursos y oportunidades.
Atenta contra el derecho a vivir en familia, con fuertes restricciones a la reagrupación familiar para aquellas y aquellos ascendientes menores de 65 años y la imposición de al menos 5 años de residencia para poder reagrupar, supone la ruptura de muchas familias y facilita enormemente que se puedan dar situaciones de desprotección de personas dependientes que necesitan el cuidado de sus familiares. Por otro lado, limitar el derecho a la reagrupación de los abuelos y las abuelas es olvidarse de la solidaridad e impedir que las redes familiares puedan seguir apoyando a las mujeres inmigrantes, para que éstas puedan participar en el espacio social y laboral.
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