Sindicatos se suman a la huelga del 8 junio y se manifestarán contra "un decretazo ilegal, ilícito e inmoral"
Acusan al Gobierno central de efectuar "un recorte injusto e inmerecido a un colectivo especialmente castigado durante años"VALENCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) - Diversas organizaciones sindicales que cuentan con más de 650 representantes en función pública en la Comunitat se sumaron hoy a la huelga general de la función pública del próximo 8 de junio y organizarán manifestaciones en las tres capitales de provincia bajo el lema 'No a los recortes sociales y salariales', para protestar contra el decreto ley de medidas para acelerar la reducción del déficit, por considerarlo "un decretazo ilegal, ilícito e inmoral".
Así lo anunciaron hoy en rueda de prensa representantes de los convocantes: Intersindical Valenciana (Iv), Unión Sindical Obrera (USO CV), Asociación Nacional De Profesores Estatales (ANPE), Interinos de la Generalitat Valenciana (Igeva), Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de la Comunidad Valenciana (SPPLB), Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM CV), Sindicato Independiente (SI-CV), Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT). Estas organizaciones, que son las más representativas en sectores como enseñanza, sanidad, seguridad pública y administración central autonómica y local, convocarán previamente el próximo martes, 1 de junio, concentraciones en todos los centros de trabajo de la administración pública para protestar por el plan de ajuste estatal.
Al respecto, realizaron un llamamiento a la participación masiva en estas acciones y defendieron que los empleados públicos deben "dar una respuesta proporcionada, que no sólo bloquee la aplicación de las medidas anunciadas, sino que disuada a las administraciones públicas de cargar la crisis sobre las espaldas del trabajador de a pie".
"INSEGURIDAD JURÍDICA"
Reivindicaron que "no puede tolerarse que la inseguridad jurídica invada la función pública hasta convertirla en un territorio sin derechos sociales ni laborales", dado que, a su juicio, "se trata de un precedente de extrema gravedad" y "tras dar este paso, no hay nada seguro en las Administraciones Públicas, ni sueldos, ni puestos".
Los responsables sindicales alertaron asimismo de que "si con un simple decreto-ley se consigue recortar salarios y derechos, menospreciando la negociación colectiva", con el mismo mecanismo "podrían despedir o dejar sin puestos de trabajo a personal empleado público por el mismo motivo" dado que "no hay nada regulado en este sentido". "¿Dónde van a parar, en la privatización de la educación y de todos los hospitales?", agregaron.
Acusaron al Ejecutivo estatal de haber "utilizado la vía más fácil para conseguir liquidez inmediata: recortar salarios, congelar pensiones y reducir derechos sociales", y de hacerlo con "un recorte injusto e inmerecido a un colectivo especialmente castigado durante años, con subidas por debajo del IPC real y con un alto porcentaje de personal interino sin puesto fijo".
Además, le reprocharon que "ha señalado al colectivo de funcionarios públicos ante la sociedad como si su situación fuese de privilegio y fuera culpable de los desmanes de las finanzas y del déficit público", pese a que "la realidad es que son personas trabajadoras como muchas otras, con salarios que están muy por debajo de lo que la gente piensa y también por debajo muchas veces de los de empresas privadas".
