La Unión Europea no puede seguir así. Su incapacidad para tomar decisiones y para disponer de políticas supranacionales orientadas a enfrentar la crisis económica y política por la que atraviesa Europa, especialmente los países del sur, está provocando una sostenida respuesta social y laboral y lo que es peor, una creciente desafección de la ciudadanía ante unas instituciones cada vez más alejadas de la realidad.
Sabemos que la incapacidad para tomar decisiones tiene mucho que ver con las elecciones alemanas de septiembre. Su sombra es muy alargada, y el empeño de la canciller Merkel por someter a la ciudadanía europea a férreas políticas de austeridad y de reformas estructurales -es decir, de eliminación de derechos sociales y laborales- no encuentra oposición alguna en los gobiernos nacionales, más bien, todo lo contrario.
Pero llevamos tres años de políticas antidéficit y de fuertes recortes sociales y los resultados no pueden ser más desalentadores: varios países de la UE están en quiebra económica, el paro no deja de crecer, el modelo social cada día más debilitado, los derechos sociales bajo mínimos, la democracia comunitaria sigue siendo una asignatura pendiente, la unión política una quimera, y la llamada “gobernanza económica” no deja de ser una propuesta imaginaria si no hay armonización fiscal y herramientas comunes de política económica y social. Todo ello, con Europa instalada en la recesión económica.
POR UNA EUROPA MÁS SOCIAL Y DEMOCRÁTICA
16 JUNIO
MOVILIZACIONES
POR EL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL
Europa necesita una fuerte dimensión social y España un gran consenso por el empleo y la protección social
Y si los resultados en las economías europeas son malos, en España son dramáticos. El Gobierno de Mariano Rajoy ha seguido con entusiasmo las recetas de la Unión Europea y de radical contención del déficit, y ha sido la inmensa mayoría de la sociedad española, especialmente los sectores más desfavorecidos, los que han pagado y pagan las consecuencias: 6,2 millones de personas en paro, 2 millones de hogares con todos sus miembros en el desempleo, un aumento de la pobreza hasta el 27% de la población que aboca a la exclusión social a sectores amplios de la misma, y una tasa de paro entre los jóvenes ya cerca al 60%. Sin olvidar el acusado deterioro de los servicios públicos y del Estado de Bienestar, la eliminación de derechos y la creciente desigualdad que estas políticas están generando en la sociedad española.
Por eso, la Confederación Europea de Sindicatos, de la que forman parte CCOO, UGT y USO, ha convocado una semana de movilización social y democrática en el mes de junio para reclamar una Europa con fuerte dimensión social y urgentes políticas para reactivar la economía y la creación de empleo. En España, será el 16 de junio y tendrán lugar manifestaciones en las principales ciudades del país para exigir una Europa más social y democrática.
Nuestras prioridades son:
Por un nuevo ‘Programa de Recuperación Europeo’, indispensable para restaurar el crecimiento sostenible y combatir el desempleo. La UE no se reduce a una zona de libre cambio Su objetivo debe ser el pleno empleo y el progreso económico y social.
Poner fin a los recortes en el gasto público, la protección social y los salarios, porque son injustos, aumentan el desempleo, las desigualdades y la pobreza, y agravan la recesión.
Apostar por un cambio de modelo productivo. Poner fin a una competitividad basada en bajos salarios y condiciones laborales precarias.
Poner el acento en las inversiones para un crecimiento y empleo sostenibles.
Promover el diálogo social y la negociación colectiva en todos los ámbitos.
Por una fiscalidad gradual y redistributiva sobre los ingresos y la riqueza y el fin de los paraísos fiscales, la evasión de impuestos, el fraude fiscal, la corrupción y el trabajo no declarado.
Reforzar las redes de protección social para atender a las personas que peor lo están pasando con la crisis.
Preservar el consenso sobre nuestro sistema público de
Y es que en la última plataforma de la empresa "se recortan salarios, se aumenta la jornada, se habilita la flexibilidad prácticamente gratuita, se reduce la aportación de la empresa al plan de pensiones, se reduce la ultraactividad a 6 meses, y se congela la antigüedad más allá de la vigencia del propio convenio".
