En su día denunció que, En el ERE de la Base de Morón de 2010, que fue pagado por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, la empresa concesionaria y los sindicatos llegaron a pactar la inclusión de hasta 31 personas que ya no trabajaban allí, entre las cuales incluyeron a un muerto y a una mujer que en el momento del acuerdo residía en Canadá. Dos nuevas «variantes» que la Delegación de Empleo de la Junta no detectó pese a que el listado se aprobó en noviembre de 2010, con todo el escándalo de Mercasevilla y sus dos ERE «fraudulentos» —origen de todo el caso que investiga la juez Alaya— en boga.
De hecho, ya no era el delegado Antonio Rivas, finalmente condenado por cohecho, sino Aurora Cosano, cuando se recibió por parte de la empresa VBR LCC, que explota los servicios civiles de la Base, la solicitud del expediente de regulación de empleo. Pero tuvo que ser un inspector de Trabajo, a raíz de unas alegaciones realizadas por el sindicato USO, el que alertara de la inclusión de 31 «intrusos» e informara de una «irregularidad» que, a su juicio, «vicia el contenido del acuerdo y constituye un indicio racional de fraude cuya valoración correspondería a la autoridad laboral a efectos de su remisión a los órganos judiciales para recabar su nulidad».
Sorprendentemente, el acuerdo del ERE, que afectaba a 150 personas, se modificó eliminando este listado de 31 personas y se quedó en 119.
La Junta lo aprobó sin más aludiendo a una simple «deficiencia» o «error». Pero las actas de las negociaciones entre la empresa y los sindicatos podrían demostrar que en todo momento ambas partes sabían que se estaba incluyendo a personas que ya no trabajaban allí, pero que iban a ser beneficiarias de las indemnizaciones a pagar por las Fuerzas Aéreas americanas.
El sindicato USO ha denunciado en los tribunales estos hechos, que investiga la juez de instrucción número 15, Rosario Soto. La lista de intrusos es demoledora. Además del fallecido, que se había jubilado en la empresa en julio de ese año y murió justo antes de la aprobación del ERE, habían metido a una mujer que, según indica el propio inspector de Trabajo, se dio de baja en la empresa en mayo del año anterior y en el momento del acuerdo vivía en Canadá. Ahí estaba también María del Carmen Castro, que tampoco trabajaba ya en la Base desde el mes de junio y que actualmente es concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Morón
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