MOVIDAS SINDICALES

Funcionarios amenazan con una huelga contra la nueva oficina judicial

SPJ-USO y CSIF reclaman al Ministerio que acceda a negociar los cambios en las condiciones laborales de los trabajadores

Los sindicatos SPJ-USO y CSI-CSIF advirtieron ayer que no descartan convocar una huelga en la Administración de Justicia si el Ministerio no accede a negociar las condiciones laborales de los funcionarios con motivo de la implantación de la nueva oficina judicial. Las dos centrales convocaron ayer una concentración de 30 minutos ante la puerta de la Audiencia Provincial que fue secundada por el 70% de la plantilla, según los cálculos de la organización.
El delegado de SPJ-USO, Domigo Castillo, insistió en que los sindicatos están intentando "por todos los medios no llegar a una huelga" en este sector y pidió a la Administración que "se siente a negociar ya" para evitar una movilización que colapsaría aún más la delicada situación que se vive en los tribunales. Los convocantes de la concentración recordaron que en toda España hay más de 60.000 funcionarios que deben ser reubicados en los esquemas organizativos que lleva aparejada la implantación de la nueva oficina judicial. Y en este proceso, según ambos colectivos, "se está negando el diálogo a los trabajadores, cuyas futuras condiciones laborales sufrirán un fuerte varapalo".

El problema reside en que, con la modificación, Justicia "se niega a concretar los destinos y las funciones de la inmensa mayoría de los empleados públicos de l Justicia, quienes quedarán sustancialmente al arbitrio de lo que en cada momento pueda decidir el secretario judicial jefe", dijo el delegado de CSI-CSIF, Diego Díaz. Y el secretario judicial, en última instancia, deberá responder a las instrucciones que reciba "de un cargo político de la Administración competente". Así que "las garantías de objetividad e imparcialidad de las funciones públicas de gestores, tramitadores y auxilio judicial, en cuyas manos se concentra el peso de la tramitación de los procesos judiciales, quedarían así absolutamente infringidas". SPJ-USO y CSI-CSIF reclamaron la diferenciación de los puestos de trabajo en los servicios comunes por secciones y equipos, delimitando sus funciones, y mostraron su oposición a la existencia de plazas de libre designación.

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