El Tribunal de Cuentas en su reciente informe de fiscalización sobre la gestión de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL) ratifica las denuncias que el sindicato USO viene realizando sobre el funcionamiento y la asignación de recursos de la mencionada Fundación.
El Tribunal, coincidiendo con las denuncias de USO, refleja lo viciado del funcionamiento de la Fundación, ya que quienes elaboran la convocatoria, valoran los proyectos y asignan los recursos, son los mismos que los solicitan y ejecutan; en el caso de las organizaciones sindicales más representativas, UGT y CCOO, son “juez y parte” en todo el proceso. Otra de las deficiencias que señala el informe es que los porcentajes prácticamente idénticos de la ejecución de las acciones “denota la existencia de un posible reparto previo, no previsto legalmente, del importe de la dotación inicial aprobada por el Patronato de la Fundación”, vulnerando la libre competencia. En palabras de Sara García, Secretaria de Salud Laboral de USO, “se está negando un derecho fundamental, que afecta a la totalidad de los trabajadores, con total independencia de la afiliación a un sindicato u otro, debiendo de ser una materia abierta en la que hubiese la mayor participación posible y consensuada de todos los agentes afectados, en beneficio de la prevención y el desarrollo de la cultura preventiva”.
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