La
Audiencia Nacional cree que la crisis económica no justifica la decisión del
Gobierno de suprimir la paga extra para el personal laboral del sector público
con efectos retroactivos. Así, ha solicitado al Tribunal Constitucional que se
pronuncie sobre su legalidad.
Esta decisión de la Sala de lo
Social de este tribunal, que responde a un recurso planteado por varios
sindicatos contra la dirección de la Compañía Española de Tabaco (CETARSA),no afecta al recorte de la
extra de diciembre para los funcionarios, ya que esta cuestión
se está dirimiendo en el orden contencioso-administrativo.
Los
magistrados entienden que la doctrina del Tribunal Supremo establece que la
paga extraordinaria se devenga día a día, por lo que, en este caso, como se
pagó el 30 de junio la paga del primer semestre y la norma no entró en vigor
hasta el 15 de julio, se generó el derecho a la parte proporcional a dos
semanas de trabajo.
“A nuestro entender la reducción del
déficit público puede justificar muchas cosas, pero no reúne la nota de
cualificación absolutamente excepcional que sería necesaria (…). Es justamente
el interés general lo que se ataca cuando se niega a quienes ya han prestado
sus servicios el derecho a percibir el salario correspondiente”, dice el auto.
Por ello, la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional acuerda por unanimidad elevar al Ttribunal Constitucional una cuestión
de constitucionalidad para que establezca si se ha vulnerado el principio de
irretroactividad.
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