El Gobierno facilita los despidos colectivos en la
Administración Pública por causas económicas. Concretamente, la indemnización
será de 20 días si, por ejemplo, el presupuesto del ente público se ha reducido
un 5%.
El número
de empleados públicos cayó en el tercer trimestre un 1,6% respecto al trimestre
anterior y bajó por primera vez en cuatro del nivel de los tres millones
(concretamente, hasta 2,9 millones). El descenso es más pronunciado si se
compara con los trabajadores de la Administración que había hace un año, en
este caso la reducción de la plantilla pública es del 5,6% (hay que destacar
que en el tercer trimestre de 2011 se marcó un máximo al alcanzar los 3,2
millones de públicos).
Esta
tendencia podría acentuarse después de que hoy haya sido publicada en el
Boletín Oficial del Estado y mañana entre en vigor la nueva normativa sobre los
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de
jornada, que facilita los ERE en el sector público por causas económicas (con
20 días de indemnización). Aunque hay que matizar que este Real Decreto no
afecta a los casi tres millones de empleados públicos, sino al colectivo
conocido como personal laboral contratado, unos 840.000 empleados (entre la
Administración y las empresas públicas). De esta manera, los funcionarios de
carrera no se verán afectados por este cambio legal.
La nueva
normativa detalla dos situaciones en las que la Administración Pública puede
alegar estas causas económicas. Por un lado, que la Administración en la que se
integra el Departamento, órgano, ente, organismo o entidad demuestre que en el
ejercicio hubiera presentado una situación de déficit presupuestario.
Por otro,
que las transferencias a esa Administración se hayan reducido un 5% en el
ejercicio corriente o en un 7% o en los dos ejercicios anteriores.
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