Gallardón ampara la figura del ‘fiscal instructor’ que rechazó el PP
LA PROPUESTA DE LOS EXPERTOS PLANTEA LA INHABILITACIÓN CAUTELAR DE CARGOS PÚBLICOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y SINDICATOS PERDERÍAN LA POSIBILIDAD DE EJERCER LA ACUSACIÓN POPULAR
El Ministerio de Justicia dio ayer el primer paso para reformar en profundidad la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal —la que regula los procedimientos judiciales penales—: el ministro Alberto Ruiz-Gallardón hizo pública la propuesta de reforma elaborada durante meses por una comisión de expertos y que será el punto de partida para el futuro anteproyecto de ley del Gobierno. Ese anteproyecto no llegará hasta, como pronto, noviembre, y podrá asumir el texto de los expertos del todo o solo en parte. Pero Gallardón ya adelantó su disposición a asumir la novedad principal de la propuesta: que sea el fiscal —teóricamente independiente pero nombrado por el Gobierno—, y no el juez como ahora, el que dirija la instrucción, la investigación del delito. Una propuesta que el PP rechazó cuando la defendió el Ejecutivo del PSOE. Justicia alega que ahora se hará con muchas más garantías.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal data de 1882 y desde entonces ha sido modificada muchas veces, aunque nunca con el alcance de esta última. La propuesta de los expertos es una ley prácticamente nueva —707 artículos— a la que incluso se le cambia el nombre por el de Código Penal Procesal. “Sentimos vértigo”, dijo el ministro, que aseguró que va a “abrir el debate” a “todos” para que la ley nazca del “consenso”. Estos son algunos aspectos de la propuesta.
Fiscal instructor. La comisión de expertos considera que la figura del juez instructor —al que llega a tildar de “heredero del Inquisidor”— tiene “comprometida” su neutralidad e imparcialidad desde el momento en el que dirige la investigación y, a la vez, decide las medidas cautelares y el auto de procesamiento (aunque luego es otro tribunal el que juzga). “Como investigador tiene que sospechar que hay delito, es parcial; pero al dictar las cautelares debe ser imparcial. Es una esquizofrenia”, afirma Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal. El texto propone entregar a la Fiscalía la competencia de la instrucción —poniendo a su servicio a la Policía Judicial—, y que el juez mantenga la función de dictar medidas cautelares (prisión preventiva, escuchas, bloqueo de cuentas, registros, retirada del pasaporte...) y la decisión de archivar o ir a juicio. Establece, además, un plazo tasado para la investigación: seis meses, prorrogables a 36 en casos muy complejos.
Gallardón admitió que con la plantilla actual de fiscales —2.400, frente a 5.100 jueces— será imposible aplicar eso ahora. Solución: se aprobaría el modelo y luego se iría aplicando con “disposiciones transitorias” a medida que aumente la plantilla, si eso sucede.
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